Manipulación política en salud

El filósofo francés Michael Foucault definió el concepto 'biopolítica' como la forma y las técnicas para ejercer el poder sobre la vida de los individuos y de las poblaciones. Se trata de utilizar la salud y la vida como herramientas de poder, en lugar de la fuerza bruta. La pandemia del covid-19 ha sido un magnífico ejemplo de cómo los gobiernos utilizan estos resortes para lograr objetivos que difícilmente podrían lograr de otra manera, y la salud pública ha sido la palanca que les ha permitido hacerlo. En este aspecto, una de las características de la gestión de esta pandemia ha sido la politización y, concretamente, la utilización de la salud pública como objeto de confrontación política y la utilización del sistema judicial como sujeto. Todo esto ha generado que, frente a la sociedad, se pusieran en entredicho decisiones técnicas generando inseguridad, desconfianza e, incluso, miedo, dando campo libre a teorías conspiranoicas y reticentes, hasta el punto de que el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, pidió poner fin a la politización del covid-19, avisando que en las regiones donde ha habido división política ha reinado la confusión y han aumentado los casos y las muertes. El 'British Medical Journal', una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo, dijo en un editorial: “La pandemia ha revelado cómo el complejo médico-político puede ser manipulado en una emergencia, un momento en que es todavía más importante salvaguardar a la ciencia” y añadió: “la politización de la ciencia fue entusiastamente desplegada por algunos de los peores autócratas y dictadores de la historia, y ahora es lamentablemente habitual en las democracias”. En el Estado español hemos tenido suficientes ejemplos, como las interferencias judiciales continuadas en medidas técnicas sanitarias que han contribuido a sustentar un clima de reticencia frente a la gestión de la pandemia entre algunos sectores. Estos últimos días han llegado ya a un nivel nunca imaginado, imputando a cargos técnicos por actuaciones técnicas. Me refiero a la investigación que ha decretado un juez contra Carmen Cabezas, Xavier Rodríguez, Adrià Comella y Sara Manjón, a instancias de los sindicatos de Policía y Guardia Civil Jupol y Jucil. Se los acusa de prevaricación y de un delito contra los derechos de los trabajadores, alegando que retrasaron voluntariamente la vacunación contra el covid-19 de policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya. Recordemos que estos cuerpos empezaron a ser vacunados al mismo tiempo que los Mossos en base a una estrategia vacunal basada en grupos de edad y establecida por el Govern, y que, al retirarse la vacunación con la vacuna de AstraZeneca para los menores de 60 años, así como el retraso en hacer llegar al Departament de Salut los listados de los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, paró su vacunación temporalmente, hasta que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) obligó a la Generalitat a hacer pasar a estos grupos por delante del resto de ciudadanos pendientes de vacunación. Recordemos también que la 'exconsellera' de Salut, Alba Vergés, también denunciada en su momento por esta misma causa, vio archivado su procedimiento el pasado mes de marzo. No constan consecuencias en términos de salud por este retraso. El aspecto claramente político del tema, en ningún caso sanitario, es evidente. Una injerencia más de la justicia, atizada por determinados sectores. Ahora, al no haberse salido con la suya con la cúpula de Salut, han vuelto al ataque dirigiéndose contra cuadros técnicos, la calidad profesional de los cuales ha sido ampliamente reconocida, hasta el punto de que, a uno de ellos, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya le concedió una placa literalmente “en reconocimiento a suc olaboración cono esta Jefatura en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el covid-19”, con fecha de 27 de septiembre de 2021. Como mínimo, contradictorio. La campaña de vacunación contra el covid-19 en Catalunya ha sido reconocida, incluso por la OMS, como modélica y excelente. Todos los que los conocemos y hemos trabajado con ellos sabemos que Carmen, Xavier, Adrià y Sara son unos magníficos profesionales, con méritos académicos más que reconocidos, dentro y fuera de Catalunya y que nunca habrían discriminado en temas de salud a ninguna persona, fuera quien fuera y llevara la gorra que llevara.

Manipulación política en salud

La injerencia de la justicia se dirige ahora contra cuadros técnicos de la ‘conselleria’, la calidad profesional de los cuales ha sido ampliamente reconocida

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