Este martes expira el plazo de 15 días que dio el TSJC al Govern para cumplir la sentencia según la cual un 25% de las clases tienen que hacerse en castellano en la enseñanza obligatoria. El conseller Josep Gonzàlez Cambray ha recurrido el ultimátum de la justicia alegando que la Generalitat prepara una normativa nueva y que cambiar los proyectos lingüísticos a final de curso acarrearía “graves perjuicios”. Es muy probable que el TSJC, harto de que le tomen el pelo, le afee el comportamiento, le exija explicaciones y le aplique la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Eso significaría sanciones económicas personales (hasta 1.500€ diarios) e incluso, si lo considera grave, le abra un proceso por la vía penal. Cuando eso suceda y el curso próximo se aplique el 25% muchos catalanes se sentirán nuevamente engañados. La semana pasada, las fuerzas que defienden una enseñanza “solo en catalán” (ERC, Junts y Comuns) habían celebrado que con la nueva ley de política lingüística (a la espera del visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries) lograban burlar con otro truco de magia potagia la ejecución de la sentencia.