Esquerra Republicana y el 'caso Borràs'

Ignoro qué decidirá hacer la dirección de Esquerra Republicana cuando el Parlament deba pronunciarse ante la inhabilitación de la presidenta, pero su actuación solo podrá estar de acuerdo con la trayectoria mantenida por el republicanismo a lo largo de los años. Por eso, sorprende la presión que se le ha dirigido por parte de personalidades políticas y de la sociedad civil al otorgar a Laura Borràs la condición de víctima de la represión del Estado. Fue el caso del presidente de Òmnium Xavier Antich que, frente a los micrófonos de Catalunya Ràdio, así lo manifestó. En cualquier caso, palabras producto del desconocimiento de la trayectoria de Esquerra Republicana. Ciertamente, el republicanismo catalán se ha convertido -a diferencia del de ámbito español, que no ha sabido superar la invisibilidad a la que se quiso condenar el conjunto del republicanismo desde la Transición- en una opción política competidora del nacionalismo y del socialismo hegemónicos y fundadores de la Catalunya autonómica. Un hito conseguido porque supo trasladar al conjunto de la ciudadanía catalana un imaginario asociado no solo a la legitimidad republicana ya la independencia sino también y sobre todo a la honradez. De hecho, el republicanismo incrementó la representatividad haciendo gala de compaginar denuncia y ejemplaridad en un contexto en el que frecuentaban casos de corrupción protagonizados por cargos electos de CiU y PSC y se había normalizado la financiación fraudulenta de las propias organizaciones. Un marco que, seguro, también se correspondía con la cultura de poder de la que gozaban a raíz de haber ocupado las instituciones de forma exclusiva y determinante. No es casual que fuera Joan Puigcercós quien en 2005 consiguiera hacer aprobar la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos para acabar con el gran agujero negro de las donaciones anónimas. ¿Cómo se explica que los grandes partidos políticos españoles y CiU no se hubieran puesto antes a ello? Sin duda, la situación era tan inexplicable y vergonzosa que tuvieron que dejarse arrastrar por un republicanismo aún lo suficientemente minoritario. De igual modo fue Esquerra el primer partido político en implementar en el Estado español códigos de comportamiento ético y de conducta de obligado cumplimiento para prevenir comportamientos impropios a la vez que ejecutaba con una contundencia inédita hasta entonces en el escenario político catalán y español destituciones y expulsiones frente a comportamientos no éticos de un afiliado. Es paradigmático el caso de Jordi Ausàs, excelente alcalde de la Seu d'Urgell, brillante 'conseller' de Governació y persona querida por electores y organización, que, una vez retirado de todo cargo electo y sin ostentar ninguna responsabilidad orgánica, fue detenido a raíz de haber comercializado productos de tabaco de contrabando. Y, en consecuencia, expulsado. Un camino hacia la pulcritud, pues, empinado y doloroso que no todo el mundo ha seguido con el mismo ánimo. Y como ejemplo, dos casos que saltaron a la actualidad en paralelo: el de Laura Borràs, imputada a raíz de un presunto fraccionamiento de contratos para beneficiar a una persona cometido entre los años 2013 y 2017 cuando ocupaba la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes y el de la existencia de una caja b para pagos irregulares en el Consell Esportiu de L'Hospitalet que afectaba a cargos electos socialistas. Ambas formaciones políticas no respondieron con destituciones ni expulsiones. Todo lo contrario. En cuanto a L'Hospitalet, donde la alcaldesa permanece imputada, han tenido que transcurrir dos años hasta que renunciara un teniente de alcalde y en el caso de Laura Borràs ha continuado al frente de la segunda institución del país y preside Junts per Catalunya. Que en la actualidad una administración pueda obviar la acusación por amparar o dificultar el esclarecimiento de un caso de corrupción, que un partido político no condicione el compromiso de sus cargos orgánicos o electos a un código taxativo de conductas o no facilite la denuncia de cualquier irregularidad (sea tráfico de influencias o de falta de comportamiento ético) se convierte profundamente en reaccionario y a la vez estéril porque devalúa los ideales que se postulan. En definitiva, se cultiva un fracaso futuro. Y en lo que respecta al independentismo contribuye a asociarlo a la vieja política. Todo lo contrario, pues, de la construcción de un marco nacional soberano y de democracia de excelencia como pretende quien se declara como tal. De ahí que las palabras del presidente de Òmnium puedan resultar dolorosas por banalizadoras de la represión que sufren las personas independentistas exiliadas o judicializadas.

Esquerra Republicana y el 'caso Borràs'

Sorprende la presión que se le ha dirigido por parte de personalidades políticas y de la sociedad civil al otorgar a Laura Borràs la condición de víctima de la represión del Estado

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