El escándalo por el espionaje de políticos y activistas independentistas catalanes mediante el programa de intervención de teléfonos móviles Pegasus dio este lunes un giro inesperado al sumarse a la nómina de espiados el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Aunque varios jefes de Estado y de Gobierno (desde Emmanuel Macron a Mohammed VI) ya habían aparecido como potenciales objetivos de los entes, en principio gubernamentales, que han usado Pegasus, el caso denunciado este lunes por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, añade un factor preocupante: la infestación de dispositivos teóricamente blindados por parte de los órganos que velan de la seguridad de las comunicaciones de las máximas autoridades del Estado fue efectiva, descargó un volumen muy elevado de información y pasó desapercibida. Si atendemos a la identidad de los afectados, podría concluirse que la información desvelada este lunes hace que no sea posible hablar ya (o no solo) de 'Catalangate'. Pero sería erróneo, o cuando menos parcial e insuficiente, poner en foco en quién es el espiado. Y aún más formarse una valoración de lo sucedido a partir de ello. Ni era disculpable sin más matices si los espiados eran los políticos independentistas vinculados al ‘procés’ (o escandaloso solo por ello), ni pasa ahora a un nivel de gravedad cualitativamente distinto solo porque autoridades del Estado (también lo es el ‘president’ Aragonès) pasen de sospechosos a víctimas, ni la más que fundada sospecha de que las dos partes de la mesa de diálogo fueron espiadas basta para pedir al independentismo que deje de hacer de Pegasus un 'casus belli'.  

Más allá de la necesidad de identificar quién está detrás de este escándalo de espionaje, más importante que el quién es el qué. A algunas de esas preguntas deberán dar respuesta Robles, este miércoles en la comisión de Defensa del Congreso, y la directora del CNI, Paz Esteban, cuando se convoque la de Secretos Oficiales. Aunque pesen severas limitaciones sobre qué información se podrá facilitar, y cuál podrá trascender o no sin incurrir en delito de revelación de secretos, la gravedad de lo sucedido requiere que ciertas explicaciones sean públicas. 

Ha de saberse quién tiene acceso al sistema de intervención de comunicaciones. Hay que conocer no solo qué mecanismos de control hay sobre el papel sobre su utilización, cuándo se han aplicado y cómo (es evidente que así ha sido) se han sorteado. Hay que aclarar cuándo la descomunal irrupción en la intimidad personal se ha practicado estrictamente cuando existían indicios de actividades presuntamente delictivas y cuándo no, y si se ha espiado sin más fundamento que la orientación política de la víctima.

Las fechas de la intrusión en las comunicaciones de Sánchez y Robles coinciden con los momentos en que el Gobierno valoraba los indultos a los políticos independentistas. Y también con el momento álgido de las tensiones con Marruecos. Así pues, los posibles responsables se multiplican. Sería grave, y mucho, que los servicios de un país extranjero tuvieran acceso a este nivel de información en plena crisis diplomática. No lo sería menos que las denominadas 'cloacas' del Estado actúen de forma autónoma contra políticos o ciudadanos sin un fundamentado respaldo judicial. El peor de los casos, que existan poderes dentro del Estado capaces de espiar incluso a la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno por un canal que no sea (en palabras del ministro Bolaños) «ilegal» y «externo», debería ser inimaginable.