Muchos ya advertimos, hace unos cuantos años, cuando el proceso soberanista apenas empezaba, que el precio que se pagaría por no canalizar las demandas catalanas de reconocimiento nacional y más poder político y financiero sería la degradación de la democracia en España. El denominado "Catalangate”, que ha destapado la oenegé CitizenLab y que ha tenido una enorme repercusión internacional, es su última expresión. El “Catalangate” nos vuelve a interpelar sobre los límites de la democracia en España cuando se trata de abordar demandas políticas que desbordan los límites que fija la Constitución, singularmente en el ámbito del modelo de Estado. Desde este punto de vista, y sobre el fondo de la cuestión, hay preguntas relevantes y que tienen que ver con qué medios está dispuesto a utilizar el Estado para impedir que las demandas soberanistas catalanas prosperen y cuáles son los límites a la movilización social y la protesta ciudadana.