Artículo de Astrid Barrio Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Razón de Estado, democracia y gobierno

Existen instrumentos avalados judicialmente que permiten monitorizar conductas presuntamente delictivas pero la disidencia política no lo es

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, y el conseller de Interior, Elena, en una reunión en Madrid para seguir los acuerdos de la Junta de Seguridad de Catalunya. / Ministerio del Interior

El presunto espionaje a 67 dirigentes de partido y activistas independentistas a través del programa informático Pegasus, un programa al que, al parecer, solo tendrían acceso los estados, ha vuelto a situar en el debate público uno de los asuntos más espinosos al que se enfrenta el Estado en su formato democrático: la razón de Estado. Este es un concepto que se asocia a la propia idea del Estado moderno y que hace referencia a una forma de gobernar en la que el propio Estado, entiéndase su supervivencia, su consolidación y su expansión, pasan a ser considerados el fin supremo de la acción política; una acción que además, ya desde Maquiavelo, se desvincula de cualquier consideración moral y más adelante incluso de cualquier consideración jurídica, y que queda supeditada a las necesidades derivadas de cada caso concreto.

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