Como se esperaba, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura anunció este lunes la puesta en marcha de una ley que ha llamado de Concordia y que no es más que su plegamiento a Vox, su nuevo socio de Gobierno, una de cuyas imposiciones ha sido la anulación o sustitución del Decreto de Memoria Histórica y Democrática en vigor que tanto odio despierta entre los ultraderechistas. La idea no es nueva, pues ya el anterior presidente del Partido Popular, el infausto Pablo Casado, propuso una ley de Concordia a nivel nacional que no prosperó por su inferioridad en el Parlamento. Para justificar su propuesta, el castellano-leonés Mañueco dijo sin despeinarse un pelo que la nueva ley de Concordia “servirá como elemento de reconciliación y evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles”. Lo mejor es que que lo dijo alguien que durante su época como alcalde de Salamanca (cargo que también ocupó su padre en la dictadura) se resistió todo lo que pudo a retirar de la fachada de la Plaza Mayor salmantina el medallón puesto a Franco durante aquélla.