Caballos de Troya de las pensiones

Que el sistema público de pensiones es el resultado de decenios de luchas obreras y constituye, hoy, una de las paredes maestras del Estado del bienestar con que se ha podido socializar una mínima parte de la riqueza es tan evidente como interiorizado queda en el imaginario de las clases asalariadas que es su mejor joya. Y lo es por lo que tiene de conquista de la protección y por lo que atañe a su ADN de solidaridad intergeneracional y de fraternidad social al tratarse de un modelo de reparto y no de capitalización. Pero todavía más por lo que tiene de conquista de protección social y de reparto de la riqueza a través de compensaciones a prestaciones generadas a partir de cotizaciones más bajas y la ponderación de las más altas. De aquí que la viabilidad y la consistencia del sistema público de pensiones se haya convertido, desde siempre, en caballo de batalla de las luchas sindicales, fuente de controversia entre los agentes sociales, bandera electoral y prueba del algodón de la eficiencia de nuestro Estado social. En términos generales, se puede afirmar que la alternancia política entre la derecha y la izquierda españolas ha tendido a neutralizar los embates sufridos por el sistema a lo largo de los años, tal como se ha podido comprobar en todo lo desplegado por el Gobierno de Sánchez para restituir una parte de las medidas tomadas por el PP, por ejemplo en cuanto a revalorización de las cuantías y la supresión del factor de sostenibilidad o (¡solo!) el inicio de la separación de las fuentes de financiación. Tan cierto esto como cierto es que la praxis desde 1999 de la comisión del Pacto de Toledo, donde PP y PSOE han determinado el rumbo, ha tendido a buscar bastantes consensos como para que las modificaciones se hayan hecho más con bisturí que no a golpes de hacha. No obstante, el sistema ha ido sufriendo permanentes embates, de entre los cuales la congelación de las prestaciones, el alargamiento de la edad de jubilación, la modificación del cálculo de años cotizados, el mal uso del Fondo de Pensiones, etc... en el contexto de la divulgación de relatos apocalípticos sobre la viabilidad del sistema en relación a la demografía, desde los cuales esconder el verdadero problema generado por las bajas cotizaciones producto de la precariedad salarial, por la no regularización de población inmigrante o por la brecha salarial entre hombres y mujeres. Que se haya superado el espejismo creado por las entidades financieras de la solución mágica de los planes de pensiones privados individuales, que solo son rentables para un sector reducido de personas con rentas elevadas, y que se haya evitado (¡suerte de las movilizaciones populares!) el hachazo contra el espinazo del sistema, no significa, aún así, que no se haya ido debilitando, tal como se refleja en la asociación desgraciadamente ya muy extendida entre salvaguardia del modelo y soluciones alejadas del concepto de la justicia social. Cuesta de entender, pues, que reducidos los intervalos de tiempo con que las sucesivas crisis económicas golpean a sociedades no recuperadas de los efectos de la anterior, un Gobierno PSOE-Unidas Podemos pretenda la modificación de la ley de 2002 para intensificar el uso de recursos públicos para la creación de fondos de pensiones de ocupación creados en el marco de la negociación colectiva y gestionados por el sector privado. Es decir, la construcción de una mejor plataforma de acceso a un sistema de pensiones mixto. Dicho de otro modo, luz verde y velocidad de crucero hacia la competencia directa entre el sector financiero y el sistema público de pensiones. ¿A qué interpretación del pensamiento socialdemócrata obedece el impulso de un fondo de promoción pública gestionado por el sector privado? ¿Cómo se puede justificar que la caja de la Seguridad Social subvencione productos financieros a través de deducciones a la cotización, con la inevitable y subsiguiente reducción de ingresos de la caja única de las pensiones públicas? Oí al diputado tarraconense Jordi Salvador decir desde el atril que, a las izquierdas, solo les tendría que valer un modelo de pensiones públicas, gestionado desde el poder público y con dinero público. Lo comparto y agradezco que se hable claro, porque todo lo que no sea incluir en el debate sobre nuevas reformas la financiación vía impuestos o el incremento de las cotizaciones en lugar de abonar las fugas de dinero público vía deducciones o bonificaciones no será otra cosa que construir un caballo de Troya. Un mecanismo tramposo hecho para conquistar el reino del sálvese quien pueda, donde quizás sí que algunos asalariados pertenecientes a sectores industriales vanguardistas podrán flotar. ¡Quizás sí! Pero a expensas de hundir, poco a poco, a un modelo público de pensiones cada vez más delgado y residual para el resto de asalariados.

Lo más visto