El viernes de la semana pasaba preparaba una sesión sobre la etapa de gobierno de Jordi Pujol para la asignatura de política catalana que imparto en la UdG. Como episodio obligado nos teníamos que detener en la aprobación de la ley de normalización lingüística de 1983. Se trataba de una cuestión prioritaria en aquel momento en que se construían las bases del autogobierno. Y los representantes políticos de todos colores dedicaron tiempo e inteligencia. La ley resultante acabaría consolidando el modelo escolar que después dijimos de inmersión, y fue aprobada sin ningún voto en contra. No era la propuesta a priori defendida por CiU, tampoco por ERC, pero en el marco de un rico proceso de deliberación, se llegó a la conclusión que la mejor opción para la cohesión social y el futuro del catalán era consolidar una única red escolar (la propuesta del PSC) que asegurara el conocimiento de las dos lenguas oficiales a toda la ciudadanía de Catalunya. El uso del catalán como lengua vehicular que, en tanto que minorizada, posibilitaba este hito.