Por una regularización extraordinaria

Afrontamos una nueva oleada de refugiados con políticas de los Estados miembros de la Unión Europea y con una movilización de la ciudadanía respecto a la acogida radicalmente diferente de lo que vivimos durante la crisis de los refugiados de Siria. En muchos sentidos, es una muy buena noticia. La Unión Europea ha activado todos los mecanismos legales para acoger a los refugiados ucranianos que contempla el derecho comunitario y la sociedad civil se ha volcado con un formidable esfuerzo de generosidad en la acogida de miles de mujeres, niños y personas mayores que huyen de la guerra de Putin contra Ucrania. Otra cuestión es volver a constatar que ni la Unión ni el conjunto de ciudadanos dimos la respuesta que correspondía cuando miles de personas intentaban entrar en la Unión Europea desde Turquía o desde Libia. A escala institucional la excepción fue, sin duda, la cancillera Merkel, que asumió el correspondiente desgaste electoral. Y es que la agenda de las migraciones y los refugiados en el Viejo Continente continúa siendo compleja, difícil y contradictoria. Los europeos vivimos en sociedades envejecidas, nuestro crecimiento demográfico depende de los flujos migratorios, la jubilación de la generación ‘boomer’ tensa los mercados de trabajo, tanto en trabajos de calificación muy tecnológica como también en sectores muy intensivos en ocupación. A la vez, el proceso de acogida e inclusión de los inmigrantes no es nunca sencillo, ni exento de conflicto en los barrios populares. Es en este doble contexto donde gana más fuerza la campaña que se está promoviendo por un amplio abanico de organizaciones sociales a favor de poner en marcha un proceso de regularización de las 500.000 personas de origen extranjero que, se considera, viven en España sin permiso de residencia. Hace pocos días la Fundación Por Causa presentaba su informe 'Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles'. Lo considero un documento de lectura imprescindible para nuestros representantes políticos. El equipo de Por Causa es bastante claro y contundente expresando los argumentos a favor de un proceso administrativo de estas características. De manera muy resumida, cinco son las razones que justifican esta demanda. En primer lugar, la magnitud del problema es demasiado grande para no hacer nada. 500.000 personas, que representan alrededor de un 14% de los migrantes residentes en España, son muchas, especialmente si pensamos que el grueso de estas personas trabaja en la economía sumergida, fundamentalmente en tareas de apoyo en el hogar o en el sector de la hotelería. En segundo lugar, es muy evidente que la irregularidad administrativa impide garantizar los derechos de las personas, dificulta el proceso de integración y acogida en la sociedad y hace, a menudo, imposible el acceso a los servicios públicos fundamentales, incluido el sistema judicial, en un contexto en el que se vulneran derechos y se sufre explotación. En tercer lugar, una regularización extraordinaria sería buena para el conjunto de la sociedad. En términos fiscales, 'aflorar' este medio millón de personas, que pasarían a tributar por el IRPF y a cotizar en la Seguridad Social, se calcula que representaría un ingreso público de más de 3.500 euros anuales por persona regularizada, con efectos positivos en el consumo interno e impulsando la actividad económica en su conjunto. Y está claro, también permitiría acabar con las prácticas deshonestas de aquellos que basan su modelo de negocio en la contratación de personas sin papeles, haciendo la competencia desleal a la inmensa mayoría de empresarios que contratan como toca. En cuarto lugar, la regularización ayudaría a fortalecer la seguridad sanitaria de todos, en la medida que permitiría incorporar en todas las campañas de prevención de la salud a estas personas, evitando la extensión de enfermedades especialmente contagiosas. Al mismo tiempo, el tratamiento sanitario de las personas migradas se podría efectuar en condiciones de mayor normalidad, reforzando la apuesta colectiva que hemos hecho por un sistema de cobertura universal. Y la última razón es que antes ya se ha hecho, con gobiernos tanto de derechas como de izquierdas en España, ha dado buen resultado y no ha tenido contraindicaciones. Otros Estados europeos también lo han hecho últimamente, como Portugal e Italia, de acuerdo con argumentos similares. Si ahora estamos acertando con los refugiados de Ucrania, más razón para hacerlo con nuestros vecinos desde hace tiempo, que no han podido acceder a la documentación, que viven y trabajan con nosotros y quieren ser parte de esta comunidad.

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