El TSJC ha situado a Laura Borràs a un paso del juicio oral por haber presuntamente troceado unos contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes para beneficiar a un amigo. Con el art. 25.4 del reglamento en la mano, la presidenta debería abandonar de inmediato su cargo. La decisión no prejuzga su culpabilidad, sino que se trata de salvar la honorabilidad de la institución contra posibles casos de corrupción, un punto de vista que en 2017 fue avalado, entre otros grupos, por Junts. Es un criterio general que no puede cambiarse en función de intereses personales. Borràs no debía haber asumido la presidencia del Parlament sabiendo que tenía muchas posibilidades de ir a juicio por una investigación que ya estaba en curso y, menos aún, convertir ahora sus caso en una afrenta política que acabe por bloquear la vida parlamentaria, negándose a dimitir. No hay ninguna persecución al independentismo, lo que se investiga nada tiene que ver con el 'procés', sino con un posible uso fraudulento de dinero público que destaparon los Mossos, concretamente la unidad que dirigía el comisario Toni Rodríguez, purgado hace unos meses por esa y otras pesquisas que incomodaron tanto a Junts com a ERC. En 2019, ante las filtraciones del caso, la jueza pasó la investigación a la Guardia Civil.