La huelga en el sector educativo, convocada en Catalunya por todos los sindicatos, ha tenido esta vez, en la primera de las cinco jornadas previstas, un seguimiento notable en el sector público. Se acerque más al tercio del profesorado que contabiliza el Departament d’Educació o al 75% que esgrimen los convocantes. La adhesión al paro de las direcciones de los centros o el apoyo de asociaciones de familias como Affac i Fapaes hablan de un malestar real en la comunidad educativa (aunque sea aventurado evaluar hasta qué punto mayoritario, especialmente entre las familias).

Uno de los lemas que ha podido oírse en la manifestación es este: No son 5 dies de vacances, son 10 anys de retallades. Es tan cierto que la suma de reivindicaciones va mucho más allá del rechazo a la reforma del calendario, y que los profesores no están movilizados corporativamente para no perder días de vacaciones como se les reprocha superficialmente –el calendario propuesto no suma, ni resta, un día de asueto–, como también lo es que ha sido el anuncio del inicio anticipado del curso el elemento que ha acabado por alimentar la protesta del profesorado. Sería un error de los propios convocantes centrar excesivamente sus demandas en la negativa a un aspecto que puede facilitar la vida de las familias y empezar a racionalizar el desproporcionado parón académico estival. Niegan que sea así, pero abundan demasiado los mensajes en que se insiste que no es responsabilidad de la escuela la conciliación de horarios familiares, laborales y escolares: facilitarlo no recae únicamente en autoorganización de las familias, y la escuela es uno de los recursos con los que contamos para ello. No es ni mucho menos ni la única ni la primera función de los centros educativos. Pero tampoco pueden considerarse ajenos a ello.

Mucha más comprensión encuentran los docentes en sus quejas por el desbordamiento que sienten ante el reto de hacer frente a las múltiples necesidades de sus alumnos y la reclamación de más medios para lograrlo. Y en su discrepancia con que el adelanto del inicio del curso 2022-2023 sea acertado justo en un año de cambio curricular aún en el aire, y sus dudas de si serán realidad promesas como un temprano nombramientos de plantillas o las actividades extraescolares para compensar el horario escolar reducido durante el mes de septiembre. Son medidas que necesariamente se deben cumplir para empezar a preparar realmente el curso en un tiempo razonable y beneficiar realmente a las familias con el cambio de calendario. Educació sostiene que cumplirá, y no parece que los educadores estén muy convencidos, más bien todo lo contrario, de que vaya a ser así. Es, en gran parte, una cuestión de confianza. Y esta no aparece por ninguna parte en la tensa relación entre los actuales responsables del departamento y los representantes de la comunidad educativa.

La protesta de los docentes va más allá y cabe buscarla también en un progresivo deterioro en el entorno escolar, después de dos duros años de pandemia. O en las posturas discrepantes, entre el propio profesorado, especialmente de secundaria, sobre el cambio de modelo pedagógico hacia el enfoque competencial. El traslado de gran parte de la responsabilidad de aplicar las sentencias judiciales sobre el uso del catalán a los equipos directivos ha ahondado aún más la distancia. Un cambio de horario puede llegar a ser impuesto por la administración responsable sin que el rechazo de los profesionales afectados lo impida. Pero son muchos más los frentes abiertos en los que no se va a ninguna parte sin un diálogo efectivo que, hoy por hoy, está en el dique seco.