La cuestión monárquica ha sido históricamente una de las principales fracturas políticas de la España contemporánea. Tras la revolución francesa que supuso la impugnación de los privilegios del Antiguo Régimen y que inauguró la tendencia igualitaria de las sociedades, como diría Tocqueville, a largo del siglo XIX un aspecto nuclear de los debates constitucionales fue el papel del Rey en el proceso político, particularmente su relación con el poder ejecutivo del que era parte integrante. La Constitución de 1876, la de mayor duración de la historia constitucional española, consagró la teoría de la Constitución interna y la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, por medio de la cual el monarca conservaba el poder de sancionar y promulgarlas leyes, nombrar y separar ministros, siendo irresponsable políticamente e inviolable. La llegada de la Segunda República fue multicausal pero el descontento con una monarquía plagada de excesos contribuye a explicar su caída que suponía el cierre de la etapa de la monarquía constitucional en España en la que el Rey había gozado de amplios poderes. Ya nunca más el Rey volvería a tener poder político.