Estamos ante un nuevo episodio del recurrente debate acerca del impuesto de patrimonio. Una cuestión que viene de lejos, si bien ha adquirido mayor relevancia en la medida en que se ha convertido en un agravio comparativo entre Comunidades Autónomas, especialmente al no aplicarse en la de Madrid. Un sinsentido que debe reconducirse pues la armonización impositiva, que debe acompañar a la libre circulación de capitales y personas, es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea y, aún más, debe serlo de sus respectivos Estados miembros.