El pasado 27 de enero se cumplieron 200 años de la primera división provincial en España mediante decreto. Las provincias cumplen, pues, dos siglos de existencia. Aunque casi siempre se las asocia con el Secretario de Estado Javier de Burgos, quien en 1833 dio al mapa su forma definitiva, vigente hasta hoy, la división provincial con algunas pequeñas diferencias empezó a operar una década antes gracias al trabajo de Felipe Bauzá y José Agustín Larramendi. Respondía al propósito nacido con la Constitución de Cádiz de disponer de un mapa territorial y de división administrativa más racional que el del Antiguo Régimen, que era un puzle de enclaves y jurisdicciones. Pero en 1823, con el fin del Trienio Liberal y el restablecimiento del absolutismo, quedó en suspenso. Sirva este bicentenario para reflexionar sobre una de las principales aportaciones de la revolución liberal y para desmentir algunas de las críticas que se le han hecho desde el apriorismo ideológico. Como ha escrito Jacobo García en su monumental estudio 'Provincias, regiones y comunidades autónomas. La formación del mapa político de España' (2012), que las provincias hayan resistido a las turbulentas etapas de la historia contemporánea española es la mejor prueba de la “complejidad, cuidado y hasta finura” con las que fueron definidas. Finalmente, también es significativo que ahora mismo, en la llamada España vaciada, el territorio que se reivindica frente a la desatención por parte de los Gobiernos central y autonómico sea justamente la provincia y sus municipios.