La irresponsabilidad tiene un precio

La sucesión de irresponsabilidades que nos ha ofrecido la actuación política de miembros y dirigentes de las principales instituciones constitucionales de Catalunya y de España, en la última semana, está contribuyendo de manera relevante al descrédito de la política y, más específicamente, de la democracia. Dejando de lado eventos como la ocupación del Ayuntamiento de Murcia, la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León y las indicaciones sobre la energía renovable en Catalunya, por citar solo algunos nacionales y no hablar del grave panorama internacional, destacaremos dos hechos más que relevantes: la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados y la retirada del acta de diputado al señor Juvillà, en el Parlament. El acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, alcanzado después de nueve meses de negociaciones, ofrecía una reforma consensuada de la legislación vigente que era fruto del decreto del PP al margen de los agentes sociales. No entraremos ahora en las consecuencias negativas que ha tenido este decreto ni las contrapondremos con los efectos positivos que la nueva reforma aplicada desde enero ya está demostrando. Queremos destacar solo la irresponsabilidad que han mostrado fuerzas políticas como ERC, PNV y Bildu a la hora de convalidar el nuevo decreto y garantizar a millones de trabajadores unas mejoras sustantivas de sus condiciones laborales. Cada uno de estos partidos ha priorizado intereses propios y electorales, elementos singulares y temporales en lugar de avalar la nueva y consensuada reforma laboral, considerada como la legislación más importante del actual Gobierno de coalición. Después de escuchar y leer muchas superficialidades seguimos sin conocer qué explicaciones piensan dar a todas las personas que se hubieran visto perjudicadas sin el nuevo decreto-ley. La cara de pánico que mostraron cuando, a lo largo de cincuenta segundos, quedó proclamada la derogación del decreto no sirve, obviamente, de justificación. Sin embargo, la votación ha puesto de relieve más comportamientos indignos: el incumplimiento por parte de dos diputados de UPN de la votación favorable a la convalidación del decreto y las mentiras del PP en relación con el voto informático de uno de sus diputados. En el primer caso, UPN pactó con el PSOE el voto a favor de la reforma a cambio del apoyo del PSOE a un alcalde de UPN. Estos dos diputados mantuvieron este acuerdo hasta el momento de votar y entonces votaron en contra, hecho muy sospechoso. Habrá que ver en su momento si el PP les compró o no el voto, un 'tamayazo' bis. Que el diputado popular Casero se equivocó más de una vez, en su casa, en el momento de votar ya es evidente, así como que no ha habido ningún error informático; las falsas acusaciones contra la presidenta del Congreso no solo son mentiras sino que demuestran la falta de responsabilidad política de los principales dirigentes populares y las consecuencias negativas para la presidenta y el Congreso de este comportamiento insultante e irrespetuoso. La retirada del acta de diputado al señor Juvillà, de la CUP, en cumplimiento de la decisión de la Junta Electoral Central, da lugar a la repetición de unos hechos que se produjeron hace un par de años, con el señor Torra. En ese momento las críticas al entonces presidente del Parlament, señor Torrent, fueron muy graves y violentas por parte de Junts y de la señora Borràs, que menospreciaban el riesgo de recibir consecuencias penales. Sin embargo, el presidente Torrent aplicó la orden de la JEC y el diputado Torra se quedó sin acta. La actual presidenta, la señora Borràs, inició su irresponsable actuación afirmando que no obedecería la decisión de la JEC, añadiendo que cerraría el Parlament hasta que este votara en contra y reivindicando estas medidas como respuesta a la represión del Estado. Ni la Mesa del Parlament, ni la Comissió de l'Estatut dels Diputats, ni los servicios jurídicos parlamentarios han coincidido con el objetivo final de la presidenta: desobedecer y mantener el acta del diputado Juvillà. Tampoco el presidente de la Generalitat, sr. Aragonès, ha aceptado lo que la sra. Borràs dice que le planteó: desobedecer la sentencia judicial sobre el 25% de castellano en las escuelas. Más allá, sin embargo, de tantas declaraciones y propuestas irresponsables, como cerrar el Parlament de Catalunya, su presidenta ya había optado por retirar el acta, por no aceptar que delegara su voto y por garantizar que ella no experimentaría ningún riesgo penal. Un escándalo, una vergüenza y una buena razón para dimitir.

La irresponsabilidad tiene un precio

La sucesión de irresponsabilidades que nos ha ofrecido la actuación política de miembros y dirigentes de las principales instituciones, en la última semana, está contribuyendo de manera relevante al descrédito de la democracia

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