La inhabilitación por parte del TSJC del diputado de la CUP Pau Juvillà ha desatado un nuevo episodio con un guion ya de sobras conocido. Desobediencia tan altisonante como fingida, acatamiento en la práctica, intentos de esquivar responsabilidades por todas las vías imaginables, supeditación de la dignidad de las instituciones y sus obligaciones de servicio público a la estrategia de la tensión. Parte del independentismo se ha apeado de esta estrategia (o se deja llevar por ella justo lo necesario para no ser anatemizado, para regresar tan pronto como puede a un ejercicio de realismo). No es el caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Entra dentro de lo razonable que el Parlament reclame que la desposesión del escaño a la que insta la Junta Electoral Central (competente por la incapacidad de aprobar una ley electoral) espere a que el Tribunal Supremo responda a la petición de no hacerla efectiva hasta que sea firme. Nada tiene que ver esta apelación tramitada por la vía legal, por cierto, con ninguna supuesta desobediencia. Pero pretender que el Parlament suspenda su actividad como medida de presión sería, si los impulsores de esta iniciativa la tomasen realmente en serio, una propuesta que vulnera normas democráticas básicas y cuestiona, cuando se considera oportuno en función de una estrategia de partido, el derecho de todos los ciudadanos a ser representados a través de la Cámara. Aunque sea más razonable pensar que es algo menos grave pero no menos triste. Una engañosa frivolidad más.