Empecemos por Montesquieu y su famosa separación de poderes. Si se dividen las principales funciones del Estado en tres instituciones distintas, se evita que una sola de ellas acumule un poder excesivo. El poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo asegura su cumplimiento y el poder judicial resuelve los conflictos en función de lo que las leyes disponen. Excepto los populistas, nadie discute que debe impedirse cualquier interferencia de los legisladores o de los gobiernos en las resoluciones de los jueces, que tienen el monopolio de su función jurisdiccional. Pero si nos fijamos en la relación que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, nos damos cuenta de que la separación entre ambos es más que porosa.