Acordar y recuperar para todos

El acuerdo rubricado esta semana por el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica es una buena noticia. Un primer acuerdo, un buen comienzo. Es, en primer lugar, el resultado del proceso iniciado en 2017, cuando arrancaron los trabajos previos para la elaboración de un estudio jurídico en profundidad de esos bienes, a fin de actualizar su situación registral. Un estudio que dio como resultado un listado de 34.961 bienes que el Gobierno recopiló, de los que 20.014 son lugares de culto y 14.947 son de otra naturaleza. En segundo lugar, es fruto del impulso que han significado los encuentros bilaterales mantenidos en los últimos meses, en los que la Conferencia Episcopal se comprometió a llevar a cabo la labor de verificación y catalogación de los bienes relacionados en dicho listado, de la mano del Gobierno. El trabajo conjunto ha dado un primer resultado: han aflorado en torno a mil bienes que, pese a haber sido inmatriculados por la Iglesia en su momento, la propia Conferencia Episcopal reconoce ahora que se trata de bienes pertenecientes a terceros o sobre los que no les consta información acerca de su titularidad. Toda la información ya ha sido trasladada a la Federación Española de Municipios y Provincias. Serán ahora los ayuntamientos y los registros de la propiedad los encargados de llevar a cabo la regularización que, en cada caso, corresponda. Si los propietarios no son localizados, la titularidad pasará a ser pública. Desde el pasado mes de agosto, hemos mantenido varias reuniones y multitud de contactos. Se ha trabajado con discreción y buena fe, y espero que ese espíritu siga caracterizando la relación entre el Gobierno y la Iglesia. Con este paso no finalizan los trabajos de la comisión de inmatriculaciones, que tiene aún cometido por delante: aclarar una variada casuística de situaciones, comprobar la titularidad de los bienes que corresponda y depurar los listados para afinar cualquier imprecisión documental que se detecte. Compartimos la idea de hacer pública toda la información, a fin de poner a disposición de la sociedad los bienes que la Iglesia Católica no reconoce como propios, y puedan ser atribuidos a sus legítimos propietarios. Paralelamente, las comisiones relativas al régimen tributario de la Iglesia católica o la Obra Pía de Roma siguen avanzando en la labor encomendada, que ha de consolidar una fructífera dinámica de cooperación. Con independencia de estas comisiones de trabajo conjunto, el Gobierno también mostró a la Iglesia su preocupación por los casos de abusos, que están generando gran impacto en la opinión pública nacional e internacional. Compartimos el dolor de las víctimas, cuyos testimonios nos conmocionan profundamente. Son heridas abiertas, cicatrices emocionales que han de ser restañadas con la ayuda y el compromiso activo de todos. En especial, de la jerarquía eclesiástica, que está en la obligación de hacer todo lo posible para, en línea con otros países de nuestro entorno, como Francia o Irlanda, facilitar el esclarecimiento de todos los comportamientos y prácticas de naturaleza grave que hayan podido darse en su seno. Para reparar en la medida de lo posible el daño causado y para que, como ha señalado el papa Francisco, no vuelvan a repetirse. El Gobierno de España está y estará siempre con las víctimas, y adoptará las medidas que sean necesarias para acompañar a las personas que han sufrido abusos. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia –conocida como 'ley Rhodes'– es una buena prueba de ello. Nuestro objetivo es doble: esclarecer todos los casos y evitar que se repitan. Somos una democracia viva y plural, que garantiza la defensa de puntos de vista diferentes y promueve la búsqueda de espacios compartidos. Espacios en los que todos se sienten representados y en los que todos contribuyen al interés general. Los grandes cambios requieren grandes acuerdos. Esa búsqueda de acuerdos es el criterio prioritario de actuación del Gobierno. A esos acuerdos se llega mediante el diálogo, que entendemos como la mejor forma de gestionar los asuntos públicos. Hemos demostrado capacidad de diálogo en el ámbito parlamentario, con los socios europeos, con los agentes sociales, y ahora, con la Iglesia católica, en el marco de la aconfesionalidad del Estado y conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con las diferentes confesiones presentes en nuestra sociedad. El diálogo no es el final, es el camino que conduce a puntos de encuentro. Este Gobierno acuerda con todos, porque sabe que todo el mundo aporta. Y estamos convencidos de que acordar es la mejor forma de avanzar. En este caso, avanzar y recuperar mil bienes para sus legítimos titulares.

Acordar y recuperar para todos

La Conferencia Episcopal Española y el Gobierno han trabajado con discreción y buena fe

Lo más visto