Todo en la trama criminal de explotación sexual y tráfico de drogas recientemente desarticulada en Madrid es escalofriante. Que las diez víctimas liberadas en la operación policial fueran menores y que cinco de ellas estuvieran bajo la tutela autonómica añaden mayor gravedad al caso. Más allá de las consecuencias políticas que deben derivarse del fallo monumental de la institución, más allá del desastre reiterado y generalizado del sistema de (des)protección en la tutela de menores, hay cuestiones más emocionales que resultan especialmente dolorosas. No por nuevas, sino por demasiado antiguas.