Uno de los aspectos en los que se manifiesta la separación de poderes propia de los Estados democráticos es el principio de la autonomía parlamentaria. Se trata de un mecanismo clásico presente en nuestra historia constitucional y muy habitual en perspectiva comparada que tiene por objetivo proteger al Parlamento de eventuales intromisiones de otros poderes del Estado, muy particularmente del poder Ejecutivo. Esta autonomía se concreta en la capacidad de la cámara para aprobar sus propias normas de funcionamiento y de gobierno, para decidir su presupuesto, para establecer su organización interna y para diseñar todo lo relativo a su personal, además de responsabilizarse de la seguridad en sus sedes, todo ello con el objetivo de garantizar el ejercicio de las funciones parlamentarias. Así pues la autonomía del parlamento es de carácter normativo o reglamentario, presupuestario, administrativo y de personal y así lo reconocen tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía.