Al igual que el acceso a la sanidad de calidad o a la educación adecuada se han convertido en derechos efectivos para los ciudadanos de los países más avanzados, el acceso a una vivienda digna va por el camino de seguir, afortunadamente, el mismo destino. Tanto en el caso de la sanidad como en el de la educación, tal avance ha sido posible por la intervención del Estado en lo que venimos en llamar políticas públicas.