Cada 1 de Mayo, el republicanismo convoca a la militancia ante el monumento barcelonés al abogado laboralista asesinado por la patronal Francesc Layret para renovar el compromiso en pro de las conquistas del mundo del trabajo. Se concentran los afiliados vinculados al mundo sindical y más sensibles al hecho social. Desde la reforma laboral del PP de 2012, año tras año, ERC ha ido renovando su voluntad de derogarla. De hecho, tanto la del año 2010 iniciada por el PSOE y aprobada con la abstención de CiU, que ya abría la puerta a la posibilidad de que una empresa se despegara de un convenio colectivo firmado, como la de Mariano Rajoy, que Duran i Lleida aplaudió aunque los populares ya gozaban de mayoría, comportaron el asalto a derechos conquistados por la clase trabajadora dados por consolidados por todos pocos años antes. Pero el pánico generado por el estallido de la crisis inmobiliaria había ofrecido al empresariado la oportunidad de forzar a los partidos mayoritarios a legislar en pro de la atomización de las reivindicaciones obreras y la sustitución de buena parte del empleo destruido por uno nuevo basado en la precariedad. Una deriva hacia la desregularización que no encontraba freno, tal y como evidenció la demanda en 2014 del presidente de la CEOE Joan Rosell del despido libre sin indemnizaciones durante el primer año de vigencia de un contrato indefinido.