Con el del Instituto Ramon Barbat de Vila-seca, ya van ocho los proyectos lingüísticos que en un año la justicia ha tumbado por no incluir el mínimo del 25% en castellano como lengua vehicular. En pocas semanas será el propio Govern quien tendrá que ejecutar la sentencia del TSJC en todos los centros educativos de Catalunya una vez que el Supremo no aceptó a finales de noviembre el recurso de la Generalitat. La mal llamada inmersión lingüística tiene los días contados. El ejecutivo de Pere Aragonès lo sabe, pero en lugar de construir un nuevo acuerdo social y político se atrinchera en una posición numantina y amenaza con llevar a cabo una caza de brujas contra los ciudadanos y las entidades que cuestionan el modelo monolingüe. Es una lástima porque el consenso aquí sería muy fácil. El Tribunal Constitucional aceptó en su día que el catalán -en aras de su normalización- fuese el centro de gravedad del sistema educativo, siempre y cuando el castellano no fuese excluido como lengua vehicular. Solo eso. La obstinación de los nacionalistas por un modelo de "solo en catalán" llevó a la justicia catalana a determinar ese porcentaje razonable del 25%.