El debate sobre la inmersión lingüística ha estallado sobre un niño de cinco años. El caso es suficientemente conocido: unos padres reclamaron que su hijo recibiera un 50% de horas de educación en castellano en la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar. El TSJC dictó, como medida cautelar, que se impartiera un 25%. A partir de aquí, la situación se ha convertido en uno de esos tornados que arrastran intereses políticos, enconos sociales y emociones profundas. A su paso, solo queda hacer recuento de daños. Amenazas a la familia y demasiados políticos que eligen la crispación o que son presos de la incapacidad. Pero antes de repartir culpas, no estaría de más examinarnos a nosotros mismos.