La Constitución, un consenso estresado

La Constitución va cumpliendo años y nadie hace caso a las muchas advertencias de los juristas sobre la necesidad de su reforma. Es obvio que no se dan las circunstancias políticas para alcanzar el consenso parlamentario exigido para aprobarla, ni tampoco sobre el sentido de los cambios a introducir. La obviedad no puede ocultar que el título VIII que da vida al Estado Autonómico sea víctima de su concepción, hasta el punto de poner en peligro la misma viabilidad del propio Estado, según el premonitorio informe sobre España de Santiago Muñoz Alonso. Posteriormente a esta prestigiosa señal de alarma, el ‘procés’ estresó hasta el límite el modelo constitucional, tal como advirtió el informe de 2017 sobre la democracia en España de la Fundación Alternativa. El título VIII se pensó precipitadamente a partir de la corta experiencia republicana, dejando el modelo abierto y, por tanto, susceptible a la presión política de cada coyuntura, renunciando además a establecer ni tan solo el número y los nombres de las comunidades y olvidando, incluso, otorgar un papel a los gobiernos autonómicos en la eventual reforma constitucional del Estado Autonómico. No es este el único reto del texto vigente, la protección de algunos derechos sociales y el renacimiento del sentimiento republicano por méritos de la propia Casa Real están esperando respuesta. La cuestión es que el complejo proceso de cambio vaya a ser reflexionado y planificado o impuesto por la fuerza de los acontecimientos, o sea, improvisado. En este momento, el factor más determinante podría ser el estrés constitucional e institucional creado por el movimiento independentista catalán. Encarar una reforma a partir de las exigencias del independentismo, aunque solo fuera por la aceptación de su lenguaje, podría ser un error. La Constitución de un Estado unido difícilmente va a abrir las puertas a su desintegración. En el mejor de los casos, para dar respuesta a la innegable pluralidad de España, las fuerzas políticas que tienen en su mano el impulso de la reforma podrían optar por el Estado federal. Pero resulta que la federación es considerada en la mayoría de manuales la fórmula idónea para garantizar a los estados federados la unidad del conjunto. Al independentismo, pues, esta vía no le supone ningún avance, todo lo contrario, fortalece la idea de una España respetuosa con su historia y su realidad. Desde esta perspectiva, las probabilidades de que la mesa de negociación entre el Gobierno central con la Generalitat acabe por ser un nuevo elemento de frustración son altas. El diálogo ha rebajado la tensión, indiscutiblemente, pero al no aceptar públicamente las dos partes el margen real de los acuerdos, por notables que estos vayan a ser en la lógica autonómica, esta confusión (aceptada y buscada) podría suponer una nueva crisis. La reacción del soberanismo es muy previsible: “Ven, el diálogo no nos traerá la independencia, volvamos a la unilateralidad”. Pero suponiendo que de la mesa saliera una propuesta de reforma constitucional para avanzar en el reconocimiento nacional de Catalunya y de todas las pluralidades de la nación de naciones, no es demasiado arriesgado aventurar que esta reforma nacería muerta, porque automáticamente la derecha, imprescindible para aprobarla, la rechazaría por interpretarla “una cesión a los enemigos de España”. La responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez le impedirá, hay que suponer, quemar una reforma de futuro en una negociación con unos interlocutores cuyo proyecto pasa por desentenderse del resto del Estado, sea cual sea su ordenamiento constitucional. Una aspiración legítima que asientan sobre una supuesta e inapelable mayoría social. Un mito desmentido por diversos autores, uno de ellos, José Rico en este diario; olvidando además que, hasta la fecha, nada ha superado el apoyo obtenido por la Constitución en Catalunya: 2.701.870 votos. Una mayoría no superada, a pesar del aumento de población registrado, por ninguno de los dos referéndums de los estatutos, ni ninguna de las consultas toleradas o prohibidas y absurdamente reprimidas, ni por ninguna elección plebiscitaria. Hace 43 años de esto, mucho tiempo, claro, pero mucho más próximo que 1714.

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