Necesitamos cargos municipales de origen inmigrante, por Joan Tardà

Se ha anunciado que un concejal de Sabadell de origen uruguayo (con bastantes posibilidades de ser el nuevo alcalde en 2023) encabezará una lista electoral, otro de origen marroquí posiblemente aspirará a presidir un ayuntamiento del Baix Llobregat y tengo excelentes referencias del trabajo desplegado en el ayuntamiento de Tarragona por parte de una concejal procedente de Chile. Mínimos ejemplos que ilustran la tarea de un reducido grupo de cargos electos de origen inmigrante que, a modo de rompehielos, comandan o pretenden influir en departamentos de nueva ciudadanía. Personas, todas ellas, integradas en candidaturas ideológicamente alineadas con proyectos políticos de construcción de una “Catalunya de todo el mundo y para todo el mundo”, que gracias a su compromiso, a la experiencia inmigratoria vivida y a una buena formación académica contribuyen a superar prejuicios, también instalados en la sociedad civil organizada y en las mismas formaciones políticas. Se trata todavía de un número reducido de personas. Habrá que comprobar, pues, hasta donde llegan los partidos políticos a la hora de integrar, en 2023, a esta tipología de candidatos y qué lugar de la lista se les reserva. La triste realidad es que, a pesar de que en nuestro país el porcentaje de población recién llegada logra el 16% del total y que en Catalunya hay más de nueve mil concejales, el partido político que más tiene, Esquerra Republicana de Catalunya, tan solo llega a la cuarentena. El resto van bastante atrás. Desde una praxis progresista, de superación de la exclusión y de fomento de la cohesión social y nacional, no hay excusas para no incrementar la presencia de concejalías ocupadas por nuevos catalanes. Porque, atendiendo al contexto de fractura social provocada por la crisis económica, por la restrictiva legislación española de extranjería y por los conflictos culturales que genera todo fenómeno inmigratorio, la implementación de políticas municipales de acogida, de protección social y de arraigo dependen mucho del protagonismo de estos cargos electos. De hecho, constituyen el eslabón necesario para poder transitar en los próximos años desde las políticas diseñadas para los 'recién llegados' (empapadas de cierto 'paternalismo asistencial') a las políticas hechas 'con los recién llegados'. Un cambio de paradigma imprescindible que viene exigido por la necesidad de asumir la inmigración como una realidad social y no como una problemática social. La ausencia de concejales recién llegados también explica que, todavía, permanezcan actuaciones municipales reaccionarias, como por ejemplo las derivadas del empadronamiento de personas extranjeras. Hace poco que, una vez más, los 'síndics de greuges' municipales han vuelto a poner el grito al cielo porque gobiernos municipales desobedecen el deber de inscribir a las personas residentes, independientemente de su situación habitacional. El problema permanece. De hecho, a pesar de que el empadronamiento es la puerta de entrada a servicios básicos de salud, educación y asistencia social, no existe al respecto una posición común de los ayuntamientos. Los hay que no dificultan los trámites, pero también hay los que plantean todo tipo de escollos, condenando a las personas a vivir un verdadero calvario. Existe un poder municipal que rehúye las obligaciones, tal vez atemorizado ante la demagogia del 'efecto llamada' o por estrictos prejuicios ideológicos y economicistas (“si lo hacen en otro ayuntamiento mejor, menos obligaciones para nosotros”). Que la mayoría gubernamental de la Diputación de Barcelona haya rechazado implicar a la institución en la armonización de protocolos respecto al empadronamiento denota que el problema es profundo y responde al quietismo conservador de gobiernos municipales que no se consideran como tales. ¿Cómo puede admitirse que empadronar a un residente (es decir, cumplir la ley) pueda llegar a ser tan dificultoso? Es cierto que, en algunos municipios, se ha avanzado bastante a raíz de compromisos electorales cumplidos y por la presión de la oposición o de los movimientos sociales, pero en otros hay que superar trámites contradictorios que atrapan, como en una telaraña kafkiana, a personas muy vulnerables. Porque exigir un contrato de alquiler fija topes a menudo insuperables para quienes alquilan en negro, 'okupan' una vivienda, viven en la calle o donde pueden. Al final, este normalización de la exclusión se sostiene a causa de la insignificancia institucional, la invisibilidad electoral, la incapacidad para denunciar judicialmente a la administración y la pobreza económica de los afectados. Personas, todas ellas, víctimas de todo tipo de abusos, entre los cuales los de los propietarios de viviendas, que alquilan habitaciones con la condición de que no se empadronen.

Lo más visto