Se equivoca quien crea que estamos ante un nuevo capítulo del debate interminable sobre el sistema lingüístico de la enseñanza en Catalunya. Esta vez, el modelo inmersivo obligatorio se acerca a su final porque la sentencia del TSJC insta a la Generalitat a cumplirlo “de manera efectiva e inmediata”. El mandato de la justicia es taxativo y no podrá eludirse. O lo hará el actual 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, o la persona que lo sustituya si se empeña en el desacato. Es muy grave que haya alentado por carta a todos los centros educativos a incumplir una sentencia en firme. Y aunque el Gobierno español haya afirmado que no está obligado a actuar, lo cual es cierto porque quien debe hacerlo es el Govern, cualquier ciudadano afectado o entidad, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, podrá reclamar la ejecución de la sentencia. Además, los términos de la misma son muy claros: el alcance de un mínimo del 25% en castellano afecta a “todos los alumnos”, no solo a aquellos que lo pidan, lo cual conduce a modificar los llamados “proyectos lingüísticos de centro”, que es desde donde se impone el modelo monolingüe amparándose en que la legislación catalana excluye de facto el castellano, pero ignorando deliberadamente que el Tribunal Constitucional ha reiterado que la preferencia por el catalán no puede suponer la exclusión del castellano como lengua docente.