El pasado sábado, por primera vez en democracia, salieron a manifestarse en Madrid miles de policías por algo que no fuera la mejora de sus condiciones laborales: su motivación era expresarse en contra de la reforma de la 'ley mordaza' que promueve el Gobierno. A los policías les acompañaron Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal, y durante la marcha se escucharon gritos constantes en contra del Gobierno de coalición. La excusa de los organizadores era que la nueva 'ley mordaza' les deja desprotegidos, pero curiosamente varios dirigentes sindicales de la propia policía reconocieron el mismo día que ni siquiera habían leído las enmiendas a la ley que habían provocado la marcha. Es decir: miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad salieron el sábado en una manifestación esencialmente política con el respaldo organizado y anunciado de toda la derecha y extrema derecha en bloque. Que una parte de la policía tome partido político sería un escándalo mayúsculo si no fuera porque en realidad no es una novedad. Ya hace tiempo que estamos acostumbrados a sus actuaciones sesgadas, y a la protección que se les ofrece desde la derecha institucional, mediática y judicial. Tras el 1-O, el independentismo fue juzgado y sentenciado públicamente, pero nada sabemos de los policías que se excedieron con sus actuaciones violentas, que escandalizaron a buena parte de la opinión pública europea, a pesar de que los vídeos muestran en muchos casos claramente su identificación. Es conocido su doble rasero en la manera de tratar manifestaciones fascistas o antifascistas: todavía recordamos como, en octubre de 2017, cabezas rapadas y neonazis camparon a sus anchas por las calles de varias ciudades, como Valencia o Barcelona, sin que la policía se inmutara.