La historia reciente de las reclamaciones, sentencias y recursos contra la inmersión lingüística es el relato de un doble fracaso. Por un lado, cada vez que se produce un ataque (porque son eso, ataques: desde las intrusiones de los tribunales a las leyes decididamente combativas, como la LOMCE), hablamos de la necesidad de blindar la presencia del catalán como lengua vehicular. O bien nos hemos sentido indefensos ante el cerco o bien hemos confiado en la benevolencia de legislaciones menos agresivas, como la ley Celaá o, como ocurre ahora, en las garantías de que el Gobierno español de turno no intervendrá, como ha asegurado González-Cambray. Se blinda (un barco, una caja fuerte, un sistema de aprendizaje) cuando todavía no existen abordajes, robos o ataques. Después, ya es tarde.