Las fuerzas nacionalistas, soberanistas o separatistas, como quieran que les guste llamarse, intentan convertir la ratificación que ha efectuado el Tribunal Supremo de la sentencia del TSJC sobre la obligatoriedad de que un mínimo del 25% de la enseñanza sea en castellano como un ataque gravísimo a la lengua catalana. Evidentemente, es mentira. Como también es falso que haya habido nunca un gran consenso al respecto, ni política ni socialmente: se impuso por la puerta de atrás, a través de los proyectos educativos de centro, porque constitucionalmente tal exclusividad es ilegal. Ahora se pone fin a un modelo de escuela monolingüe, mal llamado de 'inmersión', que excluía a la otra lengua de los catalanes, el castellano, como instrumento vehicular de aprendizaje.