Nuevo capítulo en la historia interminable del sistema lingüístico en la educación catalana. A lo largo de los años, grupos de padres que querían escolarizar a sus hijos, o exclusivamente en castellano, o preferentemente en un modelo de bilingüismo estricto, acudieron a la justicia intentando rectificar la normativa española y europea vigente. Su movilización obtuvo el reconocimiento como vehicular del castellano por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut de 2010. Ello propició cambios en la normativa española al efecto. Y desde entonces se han ido sucediendo pronunciamientos judiciales en la última década contradictorios con la jurisprudencia anterior y con la normativa pactada durante la Transición y los años posteriores. Se ignora así que España es un Estado plurilingüe, y que por ello los gobiernos llevan a cabo medidas de protección de sus lenguas por ser minoritarias en el Estado y por haber sido vilipendiadas históricamente de forma reiteradísima, siendo casi un milagro que hayan sobrevivido.
En un Estado plurilingüe Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos
Montesquieu y la inmersión lingüística
Es todo tan disparatado que cabría concluir recordando simplemente que la división de poderes garantiza la democracia
Una profesora recibe a los alumnos de la escuela, en Barcelona. /
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