Limitación de la libertad expresión: un paso más en la criminalización de la resistencia palestina

El viernes 22 de octubre de 2021, seis oenegés palestinas fueron designadas -sin proporcionar pruebas- por el ministerio de Defensa israelí como ‘terroristas’. La noticia provocó revuelo pero no representó un 'shock' para todos. Al igual que en muchos otros ámbitos, y al igual que la amenaza de anexión de territorios en Cisjordania en verano de 2020, se trataba de un paso más en una estrategia de décadas basada en la desposesión y deshumanización del pueblo palestino. En la intimidación a cualquier voz crítica. En uno y otro caso, la continuidad obliga a tener en cuenta las terroríficas consecuencias materiales. En España somos conscientes de hasta dónde ha llegado la demonización de la solidaridad, como demuestra el encarcelamiento arbitrario de Juana Ruiz. Israel implementa una estrategia cada vez más sofisticada destinada a restringir el espacio de la sociedad civil palestina. Aunque son varias las entidades blanco de estas acciones, muchas de ellas vitales para el día a día de los palestinos en territorio ocupado, destacan las organizaciones que identifican, recopilan y relatan las violaciones de derechos humanos sobre el terreno. Como no podía ser de otra manera, destacan muy particularmente las que centran parte de su actividad en difundir esta información más allá de las fronteras de la Palestina histórica. Su papel es clave en un discurso cada vez más extendido en el plano internacional, que se niega a ser protagonista de debates maniqueos y no se centra en la existencia de un ‘conflicto’ sino en las consecuencias de la ocupación en un régimen que cada vez más informes definen como uno de 'apartheid'. Un simple vistazo al hashtag #IStandWithThe6 da fe de cómo la narrativa ha evolucionado. Las campañas de desprestigio de la labor de estas organizaciones, y a aquellos que las apoyan, también existen en el mundo virtual. A lo largo de los últimos años, cualquiera en redes sociales podía deslegitimar cualquier argumento basado en informes e investigaciones rigurosos. Bastaba un manual de propaganda -'hasbará'- y una lista de potenciales víctimas del sitio web NGO Monitor. La represión online ha aumentado e intensificado durante el covid-19, incluso se ha transformado en censura en plataformas como Facebook, Zoom o Instagram. La presión es dirigida además a los donantes internacionales, muy flagrantemente en el caso de organizaciones que contribuyen a avanzar la investigación ante el Tribunal Penal Internacional. ¿El arma preferida? Las acusaciones infundadas de ‘terrorismo’ y ‘antisemitismo’, que consiguen paralizar a cualquier Gobierno. El argumento de la seguridad y supervivencia del Estado hebreo representa el pilar de la postura de la sociedad internacional. Sus gobernantes recurren a él tanto dentro como fuera de sus fronteras, tal y como demuestran verificaciones regulares por parte de la UE de que sus fondos no apoyan actividades ‘terroristas’, aunque sean muchas veces en realidad simple trabajo de campo con entidades que llevan décadas operando a nivel local. Esta actitud enmascara cada vez peor su terror por que el mundo conozca -y condene- sus acciones sobre el terreno. ¿Por qué una decisión en apariencia tan torpe? Es inevitable vincular la creciente asertividad del país, independientemente de la composición de su Gobierno (¡tras Netanyahu todo iba a ser distinto!), con la impunidad de la que goza en la arena internacional. No se trata únicamente de que se dé el visto bueno a sus acuerdos con regímenes árabes que utilizan tecnología israelí para reprimir a sus pueblos. Cada acción, más intolerable que la anterior, es recibida por comunicados tibios repletos de honda preocupación en los que casi siempre se recuerda que el 'statu quo' es culpa de israelíes y palestinos, que deberían volver rápido a la mesa de negociaciones. Se alega que se trata de asuntos abordados en privado, pero nada cambia sobre el terreno. Un objetivo principal de esta estrategia va más allá de simplemente obstaculizar el trabajo decenas de organizaciones: se trata de desgastarlas. Se trata de que dediquen la mayor parte de su tiempo y esfuerzos a luchar contra estas acusaciones en vez de continuar con su trabajo. Algo similar ocurre con millones de palestinos de lado y otro de la Línea Verde, obligados a pasar horas en 'checkpoints', solicitando permisos, consultando a sus abogados, demoliendo sus casas… Su dignidad es lo de menos, y muchas veces no hay tiempo para la lucha. Mientras, como ha ocurrido durante décadas, continúa sobre el terreno la violación sistemática de derechos humanos. Hasta que no solo los palestinos, sino el mundo, digan ‘basta’.

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