Combatir la desigualdad

No es ningún secreto que España es uno de los países de la Unión Europea con mayores brechas en los salarios y que la crisis que estamos sufriendo derivada de la pandemia ha afectado a los más débiles. El coeficiente de Gini lo refleja en la lista que publica Eurostat: nuestro país es el tercero de la eurozona con un valor más alto en el indicador. Este dato supone que contamos con un sistema de amplia desigualdad salarial. A pesar de ello, España ha logrado reducir diferencias en los últimos años con las medidas que se llevan implementando: la equiparación salarial, plan de lucha contra la explotación laboral, subida del SMI, etc. Sufrimos todavía una herencia de un modelo laboral perverso que debemos transformar, cuyos efectos son el desempleo de larga duración, precariedad (temporalidad y jornada a tiempo parcial) y bajos salarios del empleo que se crea; un combinado de razones que provocan la existente desigualdad en nuestro país. Para combatirlo está todo el empeño de este Gobierno. No es suficiente contar con indicadores positivos en nuestra economía, que crece a buen ritmo con unos datos además de población activa que se encuentran actualmente en los niveles previos a la crisis. Debemos abordar un nuevo marco de relaciones laborales que se adapte a los tiempo que vivimos y dar muchas más oportunidades a nuestros jóvenes. Una modernización de nuestro sistema acompañado de una recuperación justa, que no excluya a nadie. Combatir la desigualdad implica redistribuir, porque no todos los niveles de renta sufren por igual. Las clases bajas son las que más han sufrido esta crisis como también la de 2008. Una vez más las capas más humildes han sido las más proclives a perder sus empleos y a tener unos empleos más precarios. Es urgente un cambio para que las rentas del trabajo permitan una vida digna a las personas, a las familias y a sus hijos e hijas, y así frenar la pobreza infantil existente en nuestro país. Este es uno de nuestros grandes objetivos, reducir las desigualdades, algo sobre lo que no hemos parado de trabajar. Hemos culminado un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital que ofrece recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El incremento de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional y las numerosas medidas laborales llevadas a cabo durante esta pandemia, como los ertes que cada mes son menos y que han permitido la no destrucción de empleo, son algunos de los ejemplos y medidas abordadas. Una grave consecuencia de la situación laboral se muestra en el incremento significativo de la población infantil con riesgo de pobreza o exclusión social, 2.300.000 millones de niños y niñas, alrededor del 27% de nuestra población menor de 18 años. La pobreza infantil no es más que el efecto de la desigualdad social, de la pobreza y precariedad laboral de las familias. Estos datos exigen renovar en profundidad el compromiso con la infancia y la adolescencia como así ha hecho el Gobierno en estos presupuestos destinando 12.500 millones en materia de juventud, casi el doble que el año anterior. Debemos combatir la desigualdad intergeneracional; es una cuestión de urgencia poner en el centro de nuestras políticas a los jóvenes. Estos presupuestos así lo hacen, invirtiendo en los bonos de alquiler, bonos culturales y empleo para la juventud. Combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social no es solo un objetivo político, sino un deber de la sociedad que exige grandes compromisos y medidas rigurosas. Modernizar la fiscalidad global para hacerla más justa y eficiente es una prioridad absoluta, más aun en la recuperación. Así lo ha comprometido nuestro presidente y así se ha acordado recientemente por los países de la OCDE en el G20, un impuesto mínimo global del 15%. Una reforma fiscal para introducir más progresividad en el sistema, reforzar la inversión en políticas educativas, sanitarias y de dependencia. Debemos eliminar los mecanismos selectivos y de segregación escolar que contribuyen a la reproducción intergeneracional de las desigualdades en educación, así como ampliar el sistema de becas. Contamos con los fondos europeos para crear empleo, modernizar y reactivar nuestra economía y proteger a los más vulnerables. No nos llevemos a engaño, reducir la desigualdad y el riesgo de exclusión exigen políticas que dignifiquen y mejoren las condiciones laborales, que fomenten una formación a lo largo de la vida, basada en la igualdad de oportunidades, ampliando la formación para tener más opciones laborales y mejor calidad de vida. Y esto se logra con una reforma formativa como la que ha emprendido este Gobierno; primero con la LOMLOE y ahora con la Ley de FP que se aprobará en los próximos meses. Este Gobierno destaca por la política de la redistribución y justicia social. Es lo justo y necesario para los que carecen de trabajo y para los que un sistema todavía desigual, les aleja de la oportunidad de salir de su propio círculo social y poder optar a tener más y mejores oportunidades. Combatir la desigualdad es apostar por la cohesión social, territorial y por la igualdad. En ello estamos.

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