Se discute si los jueces deben nombrar a los jueces, como si no lo hicieran ya. Ni se plantea que los ciudadanos nombren a los jueces. O que los ciudadanos sustituyan a los jueces, dado que ningún adulto en su sano juicio imputaría a Tezanos por malversación, confundiría el placer sexual con el dolor de una violación o castigaría con años de cárcel a quien llamara ladrón a Juan Carlos I. Para consolarse, la plebe todavía nombra a los parlamentarios, su única prerrogativa antes de que Meritxell Batet sometiera también el poder legislativo al judicial, en aplicación de la ley del miedo insuperable.