Catalunya ante Glasgow

La inminente cumbre de Glasgow contra el cambio climático se abre en un momento de incertidumbre. El precio del gas natural se ha multiplicado y se ha trasladado a la electricidad. Y además del precio, en los próximos meses no se puede descartar la escasez de gas. Europa depende del gas ruso y España del argelino. Y en ambos casos –por razones distintas– puede haber problemas de suministro. Una razón del aumento del precio del gas –también del petróleo y otras materias primas, aunque en menor medida– es que el arranque de las economías tras la pandemia ha sido de tal intensidad, superior a la prevista, que ha generado una gran demanda. Y esta demanda es difícil de satisfacer porque muchos países, para avanzar en la descarbonización de las economías, están desviando la producción de electricidad del carbón al menos contaminante gas natural. El objetivo es que las energías renovables (hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica) representen en 2030 la mitad de la producción eléctrica. Pero, hasta entonces, el gas y las nucleares serán clave y, además, las renovables no están activas siempre porque dependen del viento y del sol. En Catalunya, el objetivo de que el 50% de la electricidad provenga de las renovables fue asumido en la ley de cambio climático de 2017. Pero se ha avanzado poco y ahora solo el 19% de la electricidad (contando la hidroeléctrica) proviene de estas energías –porcentaje inferior al del resto de España–, mientras que el 54% es de origen nuclear. La razón de este preocupante retraso catalán se debe tanto a la falta de impulso político (el Govern ha estado en otras cosas) como a la fuerte contestación territorial, agravada por la concentración en algunas comarcas del sur de Catalunya. Sectores que se dicen ecologistas, o defensores del territorio, se oponen así al desarrollo de las renovables que son imprescindibles para combatir el cambio climático. Una gran contradicción. Y los ayuntamientos no han repercutido en los ciudadanos las compensaciones –no despreciables– que tienen los municipios que las acogen, lo que no ayuda a su aceptación. En la negociación para la formación del nuevo Govern, la CUP exigió una moratoria que es lo que, de hecho, ha sucedido desde las elecciones de febrero, agravando todavía más el alarmante retraso que Catalunya padece. Para cumplir el objetivo del 50% de la electricidad de origen renovable en 2030 (estamos en el 19%) se tendría que multiplicar por seis la potencia ahora instalada. Por algo más de tres la eólica (los molinos de viento) y por nada menos que 17 la fotovoltaica. El Govern ha aprobado esta semana un nuevo decreto de renovables que pretende revertir el retraso. El decreto ha sido atacado por los contrarios a las renovables, pero tampoco satisface a muchos expertos que lo creen poco ambicioso y que –dicen– no va a resolver las muchas trabas reglamentarias que paralizan –o lentifican– el desarrollo de las renovables e incluso la implantación de nuevas industrias que, en algunos casos, emigran a Aragón, donde encuentran muchas facilidades. Este retraso dañará gravemente el futuro de Catalunya. Afrontarlo es urgente y un cualificado experto del sector me dice que solo podría hacerlo un Govern fuerte y con mucha implantación territorial, que priorizara tanto el crecimiento económico como la lucha contra el cambio climático. ¿Qué Govern? No lo duda, una gran coalición a tres de ERC, JxCat y PSC. Es solo la opinión de un cualificado experto, pero conviene pensarlo dos veces.

Catalunya ante Glasgow

Llevamos un notable y grave retraso en la implantación de las energías renovables que amenaza nuestro futuro económico

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