La semana pasada el partido político Más País llevó al Congreso de los Diputados una proposición para adecuar la normativa española sobre el cultivo, la comercialización y el consumo del cannabis. Desde la perspectiva de la salud pública esta regulación debería tener en cuenta las consecuencias que puede generar el consumo de esta sustancia, tanto en la salud como las que se derivan de su mercado ilegal. El consumo de cannabis no es irrelevante. Por ejemplo, en España, según la encuesta EDADES 2019-20, en el grupo entre 15 y 64 años el 14,6% de los hombres y el 6,3% de las mujeres declararon haber consumido en el último año, siendo la droga ilegal más consumida. Frecuentemente es un consumo experimental o puntual, pero una parte de personas consumidoras desarrollan problemas por consumo habitual, prolongado en el tiempo y/o de cantidades elevadas. Los problemas asociados al consumo pueden ser físicos (ej.: problemas respiratorios, accidentes de tráfico), mentales (ej.: dependencia, síntomas psicóticos) o sociales y económicos (ej.: abandono escolar, producción laboral insuficiente, problemas legales). Estos efectos son más probables si el consumo se inicia en la adolescencia. El hecho que el acceso a la sustancia sea frecuentemente a través de un mercado ilegal implica otras consecuencias añadidas, de igual o más importancia, como la falta de control de calidad y composición del producto o las acciones delictivas para obtenerlo, que pueden ir ligadas a la violencia y corrupción que los mercados ilegales comportan. El impacto de las consecuencias negativas para la salud en general, así como de los problemas de seguridad, no están exentos de presentar un patrón de desigualdad social, siendo las personas socioeconómicamente más desfavorecidas las que sufren más.