Venciendo la resistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Consejo de Ministros aprobó el martes la reforma del reglamento de la ley de extranjería para conceder permiso de trabajo y residencia a los jóvenes extutelados que, tras ser formados y acogidos por las administraciones y oenegés quedaban al cumplir los 18 años en situación irregular, al imponérseles unos requisitos imposibles para renovar su permiso de residencia y obtener el de trabajo. Situación draconiana que abocaba a la mayoría de esos jóvenes a la inseguridad vital, la marginalidad, la economía sumergida, el trapicheo y en algunas ocasiones empujaba hacia la delincuencia. Además, este horizonte desmotivaba a muchos a continuar su itinerario educativo y laboral, dado que no podrían trabajar en aquello para lo que se formaban. La política de extranjería e inmigración española ha sido en demasiadas ocasiones restrictiva, abocando a los migrantes a situaciones de trabas burocráticas e irregularidad, creyendo que así se frenaría el flujo de entrada. Políticas restrictivas nunca han frenado los flujos, solo han conseguido abocar a trabajar en la economía sumergida.