¿Quién apuesta por la Formación Profesional?

En un momento tan crucial como el que atraviesa nuestro país, afrontando una reconstrucción económica, social y laboral, la formación de jóvenes y población adulta es la palanca esencial para que esta reconstrucción sea una realidad y no una utopía. El mundo económico y empresarial lleva años reclamando una formación profesional más cercana y flexible al mundo de la empresa, colaborar en el diseño de los módulos y los contenidos que se necesitan conocer y dominar en los próximos años y colaborar en el diseño y seguimiento de la FP dual. Y es esencial dar el paso para que los trabajadores puedan tener garantizado el objetivo europeo del aprendizaje a lo largo de la vida, de manera que la formación, menor o mayor, que vayan realizando sea acumulable, acreditable y sirva para ampliar perspectivas y oportunidades laborales. Por eso y para ello se está trabajando en el nuevo modelo de Formación Profesional. Primero con el plan de modernización de la FP, que ya ha avanzado y comprometido la acreditación de competencias para 3 millones de personas, la creación de 200.000 plazas nuevas de formación profesional, la creación de centros de referencia, la actualización de títulos y creación de otros, introduciendo la digitalización en todos los ciclos con un módulo específico. En la nueva Formación Profesional tendrán un gran peso la internacionalización y la innovación y la orientación profesional y laboral para los jóvenes y la población adulta. Y es que la nueva FP responde a un sistema integrado de formación, rompiendo la dualidad de la FP reglada y para el empleo, sumando esfuerzos y recursos. Por eso es incomprensible que en materia de Formación Profesional en España, igual que en otras cuestiones de trascendencia educativa, se haga partidismo. Cualquier gobierno tiene entre sus competencias, según señala la Constitución Española, programar la oferta educativa y garantizar el derecho a la educación de sus ciudadanos y ciudadanas. Las necesidades de ampliación y mejora de la oferta de Formación Profesional no son nuevas, vienen de hace años y mientras algunas comunidades autónomas llevan invirtiendo en una oferta diversificada para su ciudadanía, garantizando plazas públicas y gratuitas, otras han optado por fomentar el negocio con la Formación Profesional, no creando plazas públicas y, de paso, generar un modelo de formación profesional elitista, privado, y sin oferta suficiente. La Formación Profesional no puede basarse en un mercadeo. Debe ser un sistema fundamentalmente público que garantice el derecho a la educación y a la formación. No es de recibo lo que sucede en comunidades autónomas como Madrid, en la que 25.000 jóvenes se han quedado sin una plaza gratuita y su única opción es buscar una plaza privada, en un momento social dramático. Las autoridades educativas del PP conocen bien que cualquier persona que quiera tener acceso a un empleo debe contar con al menos una cualificación media. Es indigno que dirigentes políticos del PP apelen a la privatización de la FP y restrinjan el derecho a la educación al bolsillo particular de cada individuo, fomentando un sistema completamente privado que limita la formación a las personas que se la pueden permitir. ¿Es este el concepto de libertad del PP madrileño, que representa el modelo educativo que quieren imponer al resto de España? El significado de esta política es un hachazo a la educación pública, priorizar un concepto elitista y segregador de la educación, un modelo que van extendiendo poco a poco allá donde gobiernan. España es un Estado de autonomías, que se fundamenta en el respeto competencial y la colaboración entre los distintos niveles de la administración. Sin duda hay comunidades autónomas que llevan invirtiendo en el futuro desde hace décadas, realizando previsiones y diseñando la oferta de FP adaptada a las demandas sociales y laborales de los distintos territorios para el futuro. Otras salen al paso, ante la vergonzosa evidencia de dejar en la calle a miles de jóvenes sin oportunidades formativas. Proclaman la cultura del esfuerzo a la vez que niegan lo básico, una oferta educativa suficiente que garantice el derecho a la educación para todos y todas, no solo para los y las afortunados que pueden pagársela. La falta de apuesta por la FP responde a esa rancia visión de los que nunca han creído en ella. Por eso, durante los años de gobierno del PP el balance fue cero, simplemente no se hizo nada; por eso, allá donde gobiernan ni han modernizado ni han invertido ni han creado suficientes plazas. El Gobierno tiene una hoja de ruta clara y definida para todas las etapas educativas, pero hay que priorizar la Formación Profesional. Hay 5.400 millones de euros destinados a una nueva ley de formación profesional y un plan de modernización en pleno funcionamiento, que entre otras cuestiones viene a complementar aunque sustituye la labor de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, a la que ha dotado de 13.780 plazas, Andalucía con 18.980, Galicia 8.300 o Castilla y León con 6.300. Son 118.759 creadas por el Gobierno en estos dos últimos años, 285 millones de € transferidos a los gobiernos autonómicos para incrementar la oferta. Ahora es el momento de la Formación Profesional, de mirar hacia el futuro. Todos los agentes sociales reclaman consenso y visión de Estado en un asunto esencial para la cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras para el presente y futuro.

¿Quién apuesta por la Formación Profesional?

No puede basarse en un mercadeo. Debe ser un sistema fundamentalmente público que garantice el derecho a la educación y a la formación

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