En un segundo plano de la actualidad internacional, mientras Afganistán pierde interés mediático y político y tantos otros conflictos siguen olvidados, resulta llamativo el auge de los golpes de Estado. Algunos saltan de inmediato a la vista -como los registrados en Birmania, Chad, Malí, Níger y Guinea-Conakry en lo que va de año-; otros generan dudas sobre su calificación -como el del presidente tunecino, Kais Saied, el pasado 25 de julio- y hasta alguno fracasa -como los sufridos en febrero en Armenia y en Sudán la pasada semana. En todo caso, y al igual que ocurre con el recurso a la violencia -ensalzada si con ella se logra la victoria y condenada si se salda con la derrota- la ilegalidad inherente a todo golpe de Estado desaparece de inmediato si sus promotores logran su objetivo de controlar el poder político, lo que ocurre en un 60% de los casos, empleando para ello un reiterativo discurso en el que se mezclan apelaciones altisonantes que apenas esconden el afán de poder de sus líderes, sean civiles o militares.