La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado cerca de tres años, sigue bloqueada tras la certificación del rechazo del Congreso a la propuesta de reforma planteada por PP. Si durante mucho tiempo el desacuerdo entre el PSOE y el PP, los dos partidos con capacidad para conseguir la mayoría necesaria de tres quintas partes de cada cámara para proceder a los nombramientos, fueron los posibles candidatos, y más adelante la discrepancia se centró en torno a la posible influencia de Podemos, ahora las diferencias se basan en el método de elección sobre el que hasta hace poco había consenso, al menos entre los dos principales partidos. Recientemente el PP ha modificado su posición tradicional al respecto, es decir, el apoyo a la designación parlamentaria de los vocales del CGPJ, y ahora se decanta por ceder el protagonismo en la designación a los propios jueces. Su planteamiento encuentra legitimación en la posición del Consejo de Europa adoptada a instancias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), un organismo tradicionalmente muy crítico con la intervención de los partidos en la designación de los miembros del órgano rector de los jueces, como consecuencia de la asunción de que con ello se estimula la corrupción y por ello partidario de que sean los propios jueces los responsables de la designación. Esta posición también ha sido parcialmente asumida por la Comisión Europea que ve riesgo de politización en la intervención parlamentaria y recientemente ha urgido a la renovación del CGPJ, tras recibir las quejas de todas las asociaciones judiciales españolas descontentas con retraso por su incidencia en el normal funcionamiento del Poder Judicial y partidarias todas ellas, también, de atribuirse la responsabilidad de la designación y de relegar al Parlamento y con ello a los partidos.