El drástico encarecimiento actual de la factura eléctrica doméstica y empresarial en los países de la Unión Europea (UE) es una muestra palpable del elevado impacto económico en la vida cotidiana del plan verde europeo para frenar el cambio climático. El coste energético para los ciudadanos aún puede dispararse mucho más si se aprueba la propuesta de la Comisión Europea de penalizar el transporte por carretera y uso doméstico del gas para la cocina y la calefacción con el coste adicional de los permisos de emisión de dióxido de carbono (CO2), cuyo precio se ha duplicado desde enero. La verdadera magnitud del coste para el ciudadano de las medidas del paquete verde había sido soslayada por la Comisión Europea como algo que se podía sortear con ayudas puntuales, pese a los altos precios preexistentes de la electricidad.