La filosofía de la directiva comunitaria sobre insolvencias apunta a facilitar la supervivencia de las empresas viables que atraviesan dificultades. Es decir, que lo coyuntural no mate un negocio que, estructuralmente, podría tener futuro. Lo cierto es que la normativa española, tras varias reformas, no ha logrado esos objetivos. Y es que 95 de cada 100 concursos de acreedores acaban en la actualidad con la empresa afectada en liquidación y además con procesos largos con una duración media de cuatro o cinco años, como recordaba esta semana Bárbara Pitarque, autora de una guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar decisiones para evitar el cierre, editada por el Registro de Economistas Forenses (Refor), del Consejo Genral d Economistas, presentada en Foment del Treball.