El inasumible coste de no actuar

El pasado 1 de setiembre, fuertes lluvias torrenciales descargaron sobre les Cases d’Alcanar. Fueron más de 250 mm, la mitad de la precipitación anual, en tan solo en tres horas. El agua anegó las calles con suficiente fuerza para llevarse coches, mobiliario urbano y todo lo que encontrara a su paso. Pocos días antes, el último informe del grupo de expertos en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC), nos constataba que cada vez conviviremos más con este tipo de fenómenos extremos: su intensidad y frecuencia aumentaran con el cambio climático. El informe llama a los gobiernos a actuar. Hacen falta políticas para acelerar la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, pero también medidas urgentes de mitigación. Reducir las emisiones de forma drástica es la única manera de evitar que superen los 2ºC de calentamiento como pide el Acuerdo de París. Ya no se trata de las icónicas imágenes de deshielo polar. Los efectos del cambio climático se reparten por todo el planeta y serán especialmente relevantes en el Mediterráneo ya que aquí el calentamiento es superior al de la media planetaria. Entre muchos impactos se prevé una reducción de la precipitación de entre el 10 y el 20%, sequías más severas y riesgo de desertificación en parte de la cuenca Mediterránea. Sufriremos más olas de calor y mayor riesgo de incendios, a la vez que tendremos que gestionar aguaceros intensos cada vez más frecuentes. La subida del nivel del mar ha sido de 6 cms los últimos 20 años y podría elevarse a más de 80cm en 2100. Los impactos sobre los ecosistemas nos sitúan también en una crisis de biodiversidad sin precedentes. Las consecuencias de la crisis climática las sufrimos aquí y ahora, pero la magnitud de su impacto dependerá de las políticas públicas que se apliquen y de los cambios sociales y culturales que seamos capaces de promover. Las ciudades se tendrán que adaptar al estrés térmico, el riesgo más mortal en Europa, con un espacio público más verde y con menos asfalto. Según la OMM 128.000 personas fallecieron en el continente europeo debido a las olas de calor de 2003 y 2010. El riesgo geológico debe incorporarse de una vez por todas en la ordenación territorial. Hay que revertir la herencia de décadas de descontrol urbanístico que nos ha legado una peligrosa situación: el 15% de las zonas urbanizadas en Catalunya son inundables y en la medida del posible deberían liberarse de construcción. El nuevo nivel del mar dejará inservibles infraestructuras en primera línea y imposibilitará el mantenimiento de muchas playas. Los sistemas fluviales y costeros se tienen que recuperar para permitir el curso de su dinámica natural sin olvidar de mejorar en sistemas de alerta temprana frente eventos extremos. La adaptación pasa por garantizar la soberanía alimentaria en un contexto de escasez hídrica. Hay un enorme potencial de adaptación con la implantación de prácticas agroecológicas, una apuesta fundamental también para la conservación de la biodiversidad y la recuperación de suelos. Pero no podemos solo poner parches si el grifo sigue abierto. Por eso nos hace falta descarbonizar una economía adicta a los combustibles fósiles con propuestas de recuperación económica que nos permitan reducir las emisiones. En este contexto, es criminal que el gobierno del Estado Español y el de la Generalitat declaren la emergencia climática y a la vez se debata la ampliación del Aeropuerto del Prat. La cosa va más allá del ecocidio de la Ricarda. Ampliar el aeropuerto significaría promover un aumento de emisiones en plena crisis climática, profundizar en un modelo económico caduco y una propuesta cortoplacista que obvia tanto el fin del petróleo barato como la propia viabilidad de una obra que se verá amenazada por la subida del nivel del mar. La comunidad científica hace años que nos alerta, pero el último informe del IPCC debería ser el toque de atención definitivo. El momento histórico requiere que la emergencia climática sea prioridad política por sobre de diferencias partidistas e intereses de ciertos lobbies. La inacción climática con conocimiento de causa es una grave irresponsabilidad. Un estudio reciente pronostica una caída del 37% del PIB mundial el próximo siglo debido al cambio climático, pero deja claro que el coste dependerá de las medidas que se adopten. Un coste no solo monetario y que se pagará también en forma de perdida de biodiversidad y salud humana o con el aumento de las desigualdades globales. Por muy titánicos que suenen algunos de los retos planteados, no actuar nos saldrá más caro.

El inasumible coste de no actuar

El último informe del IPCC debería ser el toque de atención definitivo para que la emergencia climática se convierta en prioridad política. No actuar ahora nos saldrá mucho más caro

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