A la espera del inicio del curso escolar, ha ido tomando cuerpo el debate acerca de la obligatoriedad de la vacunación para ciertas profesiones, ampliándose desde cuidadores en residencias y sanitarios a maestros y profesores. En la discusión a su favor o en contra, los que se oponen a la misma utilizan dos argumentos engañosos. Primero: si se exige, hay discriminación en contra los que, por las razones que sean, no se han vacunado; segundo: la obligatoriedad atenta contra derechos fundamentales de los individuos. Son falaces porque, respecto del primero, quien se ha querido vacunar ha podido hacerlo: los estocs de vacunas se acumulan, y el porcentaje de los que no están protegidos, en particular para los de 18 a 34 años, no parece aumentar. El segundo aspecto es, simplemente, falso: nadie habla de obligar. Otra cosa muy distinta es que, para ejercer ciertas profesiones, el estar vacunado forme parte de los requisitos que la permiten. Y para los que no quieran, lo acordado en Francia por Macron es ejemplo a seguir: la vacunación no es obligatoria, pero si es inexcusable si se quiere practicar determinadas profesiones.