Lo que aprendimos en septiembre

El 'procés' ha generado un lenguaje propio y todo un universo simbólico, jalonado por un conjunto de fechas llenas de significación para los partidarios de la secesión. En esta sucesión de fechas-hitos que continuamente evoca el movimiento independentista, no obstante, siempre encontraréis dos ausentes: el 6 y el 7 de septiembre de 2017. No es casualidad. Lo que pasó aquellos días rompe un relato de parte, y no de forma banal. Cuatro años después, hay que hacer memoria, no para anclarnos en el pasado, sino para extraer, de aquellos dos días aciagos, lecciones útiles para la tarea de reconstruir los consensos básicos en Catalunya, erosionados y debilitados en los últimos años. En resumen, aquellos días una mayoría parlamentaria decidió, a través de dos textos con apariencia de leyes, derogar la Constitución y el Estatut y sustituirlos por una pseudo-constitución que permitía adivinar las características, nada homologables a los estándares democráticos, del nuevo Estado que querían ver nacer. Para lograr este ilegítimo objetivo la mayoría independentista no dudó en retorcer y forzar leyes y reglamentos, para desposeer de sus derechos a los grupos parlamentarios de la oposición, los diputados y las diputadas de la minoría y, a través suyo, a la ciudadanía a la que representaban. Maniobra directa y torpe La maniobra de la bancada independentista era directa y torpe, basada en la mera fuerza bruta de una mayoría ejercida como si de una apisonadora se tratara. Solo podía funcionar en coordinación con una mayoría en la Mesa del Parlament que denegara siempre el amparo a la oposición e hiciera dejadez de las propias funciones, como así fue. La oposición anticipó lo que pasaría y diseñó una estrategia orientada a intentar que desistieran de aquel asalto a las reglas del juego democrático, en uso de los resortes reglamentarios a su disposición, y apelando incluso al Consell de Garanties Estatutàries, como era su derecho a pesar de que la mayoría presente en la Mesa se lo negara. El Consell se pronunció de forma muy clara, en dos ocasiones, contra los planes de los grupos independentistas. Aquellos textos se aprobaron. Pero durante las maratonianas sesiones, y también en los debates que la ciudadanía no pudo escuchar, en las frecuentes Juntas de Portavoces y reuniones de la Mesa que interrumpieron el pleno, quedó patente la naturaleza del asalto, para disgusto del conjunto de las bancadas independentistas y produjo vergüenza a no pocos de sus miembros. Es sabido que el consenso democrático es algo bastante frágil, que exige que una amplia mayoría de la ciudadanía reconozca que sus instituciones son, a la vez, legítimas y representativas. En la última década, una parte significativa de la ciudadanía catalana se ha ido sintiendo alejada de las instituciones comunes del conjunto de España, pero esto no encuentra la solución en un intento de forzar una secesión que, a su vez, haga que otra parte significativa de la ciudadanía catalana niegue legitimidad y representatividad a las instituciones que se pretendían crear. Precedente ominoso El precedente que establecía el 6 y 7 de septiembre era ominoso. Imagínense una mayoría absoluta a las Cortes Generales que hubiera sido obtenida haciendo campaña contra el Estado autonómico, y que la fuerza política que la ha obtenido, apelando a la necesidad de dar salida a la voluntad popular a pesar del “corsé” de las leyes, decidiera en una votación en el Congreso suprimirlas, prescindiendo del procedimiento de reforma constitucional que nos ofrece garantías y negando la voz y los derechos de los grupos minoritarios. ¿Verdad que se entiende? Un parlamento puede debatir y tomar posición sobre cualquier asunto, pero no puede tomar decisiones sobre cualquier asunto y de cualquier manera. Esto es así para el Parlament de Catalunya, para las Cortes Generales y para el Parlamento Europeo. Para cualquiera. Una mayoría no lo puede todo, afortunadamente. Lo que hace falta, pues, es abrir un diálogo, también en el seno de Catalunya, haciendo partícipe a la ciudadanía. Cada actor podrá aportar sus posiciones, incluidas las de máximos si lo cree conveniente, pero sabiendo que habrá que negociar de buena fe y llegar a acuerdos que sean asumibles por amplias mayorías, abordando así las reformas y transformaciones que se deriven.

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