Las concesiones de algunos tramos de autopista han caducado y no han sido renovadas, que no rescatadas, ahorrándose así el coste de las compensaciones. La mayoría de los gobernantes prefieren esperar a la recuperación del servicio a coste cero, excepto el vicepresidente de la Generalitat, aunque en su caso no tiene mérito porque pretende que pague el Estado, por supuesto. Todo llega y no precisamente de improviso, porque aceptando que veinte años no es nada para no enmendarle el verso a Gardel, cincuenta años tal vez fuera tiempo suficiente para que las empresas concesionarias obtuvieran su ganancia y alguno de los muchos gobiernos formados durante estas décadas hubiera previsto qué hacer al día siguiente de finalizar los contratos. Solo se cumplió la premisa del beneficio privado, por su parte las autoridades de todos los colores han exhibido en este asunto una pasividad sostenida que alcanza la dejadez, por mucha complejidad que conlleve el dilema.