“Nos lo jugamos todo con el catalán en los próximos 10 años”, dejó dicho en el Parlament la 'consellera' de la Presidència, Laura Vilagrà. Doy por hecho, atendiendo a su adscripción política, que es consciente del largo listado de dificultades que tienen que superar los gobiernos catalán y español para hacer posible una relación fructífera. Incluso los optimistas reconocen la magnitud de los costes que cada una de las partes tendrá que asumir si se pretende convertirlos en oportunidades. Cuentan a su favor, los unos, con el imperativo de hacer viable una Catalunya pospandémica trinchada y aniquilada por la desinversión pública y un sistema de financiación insostenible. Están obligados, los otros, a causa de la correlación de fuerzas en el Congreso, donde sin el independentismo no podrán salir adelante. Una realidad convertida en el lubricante más efectivo para impedir un bloqueo recíproco. La coyuntura, pues, apela a intensificar el sentido de la responsabilidad, reflejado ya en los acuerdos presupuestarios del año pasado y con la puesta en marcha de la comisión bilateral, a la espera de que la mesa de diálogo prevista para el mes de septiembre pueda caminar sin vetos, en cuanto a los puntos del orden del día a desplegar en el futuro. Y así evitar que nazca muerta.