El sector sanitario está sometido a una presión constante de novedades tecnológicas, aspiraciones de enfermos por nuevos tratamientos, expectativas ciudadanas de que todo es tratable y una industria que no afloja en sus ansias por cumplir esas esperanzas y sacar un buen beneficio económico. Cuando estas presiones llegan al decisor político, su precariedad (salvando algunos casos y excepciones de cada momento) es manifiesta en términos de capacitación, autoridad y legitimidad reconocida (todo es visto como un costo). Solo les queda el poder administrativo para poder tapar aquellas deficiencias. Nuevos medicamentos, ahora contra el alzéimer, con una todavía dudosa efectividad probada, y en todo caso lejos de los umbrales de coste-efectividad que los hagan sostenibles, pero también tratamientos oncológicos que alargan ligeramente la esperanza de vida o la aparición de otras 'medicaciones sociales' tocan a la puerta del político por las vías de Sanidad, Ciencia y Tecnología, Industria o Economía.