Unos días atrás, Roger Loppacher (presidente del Consell Audiovisual de Catalunya con el mandato caducado, como el resto de consejeros que permanecen en el organismo) criticaba en un artículo el anteproyecto de Ley General Audiovisual (LGA), actualmente tramitándose por parte del Gobierno español.

Comparto, parcialmente, algunas de las críticas de Loppacher al mencionado texto. Por ejemplo, el bajo nivel de compromisos industriales con la producción independiente que el anteproyecto plantea. Especialmente cuando del Brexit se deriva que obras audiovisuales producidas por los grandes estudios californianos en el Reino Unido han perdido su título de obra audiovisual europea. Como sucede con la saga de ‘Harry Potter’. Esto ofrece una oportunidad de oro para que las series y filmes genuinamente de la UE dispongan de más recursos y capacidad de difusión.

Otro tema en el que aprecio parcialmente la crítica del presidente del CAC es en materia de plurilingüismo en RTVE. Mi visión es más ambiciosa. Pienso que el conjunto del sistema audiovisual público tiene la responsabilidad de promover y fomentar la diversidad en materia de lenguas propias españolas. Es necesario que la nueva LGA sea explícita en este encargo.

En cambio, me parece impresentable que, en las alegaciones planteadas por el CAC al anteproyecto, solo se pida que la LGA ayude a la financiación de TV-3 y en cambio no se haga la menor referencia a una necesidad mayor: garantizar la llegada de recursos económicos, de los obtenidos al tasar las televisiones privadas y las plataformas de intercambio de vídeos o de ‘video on demand’, a las televisiones y radios locales públicas.

Décadas de abandono institucional de la comunicación audiovisual de proximidad han contribuido a empeorar las condiciones de vida de las áreas rurales menos pobladas. Ha llegado la hora de revertirlo. También ha llegado la hora que el CAC entienda que Catalunya y su universo audiovisual son mucho más que TV-3.